jueves, 19 de abril de 2012

La sombra de un negocio inmobiliario

Uno de los cuadros macristas que se ocupó de patear para adelante el proyecto fue el actual subsecretario de gobierno y ex presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura, Álvaro Gustavo González.

  
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Por: 
Tiempo Argentino

 Un informe al que este diario tuvo acceso, redactado por la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, ya había explicado en 2010 que, al requerir alguna respuesta al Ejecutivo, la Oficina de Gestión Pública del Ministerio de Hacienda porteño sostuvo en ese momento que no existía "posibilidad de financiamiento" para el centro de salud, debido a las "agudas restricciones presupuestarias". González nunca se enfrentó a los vecinos para explicarles por qué los diputados del PRO, que aprobaron una cosa, ahora no dicen nada cuando el jefe del PRO dice otra.
En un documento que recibió el subsecretario, además de legisladores y miembros del Gabinete, los vecinos declararon que "el incumplimiento de esta ley se da en el marco de una situación de catástrofe de la salud pública en nuestra ciudad. Hospitales colapsados en los que hay que esperar meses para conseguir un turno, falta de personal y de insumos, trabajadores precarizados, hospitales sin gas como el Lagleyze, y amenazas de cierre de los neuropsiquiátricos, entre otras falencias". El texto lleva la firma de los referentes sociales involucrados, como el Grupo Hospital Paternal, la Asociación de Amigos del Parque Los Andes, el Plenario de la Comuna 15, el Consejo Consultivo Autoconvocado, la Red por Buenos Aires, el Grupo Taricco y distintas agrupaciones políticas.
Hasta ahora, los impulsores del proyecto reconocieron el interés del ministro de Salud Jorge Lemus y de los directivos del Hospital Tornú, del cual el CESAC pasaría a depender. Pero advirtieron que los apoyos no sirven "si el Ejecutivo sigue sin respetar la ley".
Los vecinos tampoco descartan un posible negocio inmobiliario, y la intención de hacer caer la operatoria de expropiación para que el predio sea comprado por grupos vinculados con el remate judicial.

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